A vueltas con el Canon Digital

 

Si hay algo que ha afectado a los internautas en el último año, eso ha sido la aprobación del Canon Digital del 2017.

Esto fue una medida aprobada por el Gobierno el pasado año mediante un Real Decreto Ley, cuya misión era establecer una forma de compensación por cada copia privada obligando al pago de una cierta cantidad de dinero a los fabricantes y a empresas distribuidoras de dispositivos digitales varios, como pueden ser los CDs o los discos duros. Es importante señalar que la normativa aprobada el pasado año sustituye a una anterior que fue anulada por el Tribunal Supremo por calificarla de anticonstitucional.

Tras muchos debates, la compensación por copia privada de la que hablamos estaría abonada por fabricantes y distribuidores de aparatos, equipos y cualquier tipo de soporte para reproducir estos archivos digitales, eliminando así de la ecuación todo tipo de pago asumido por los usuarios, personas físicas y jurídicas, que puedan indicar adecuadamente para qué van a utilizar esos equipos y elementos varios, así como tampoco tendrían que pagar por las copias privadas las empresas públicas.

La normativa legal, el Real Decreto, establecía en su origen que la implantación del Cánon se haría de manera escalonada, y que el año siguiente de la entrada en vigor de esta ley (2018) vería aplicada de forma provisional la compensación que se preveía en el documento legal y que regula los dispositivos y equipos como los precios que se deberían pagar a los autores. Por otro lado, la ley establecía que 2018 (este año que corre) sería objeto de revisión de la ley en lo referente a los equipos gravados y a los importes, de modo que la norma legal se adapte a la realidad del mercado tecnológico.

Los pendrives o memorias USB no escapan del Canon Digital

Como decimos, hay una gran cantidad de dispositivos que están gravados con este impuesto, como los discos duros o los teléfonos móviles, pero no solamente encontramos esos equipos, sino que también está presente el canon digital en usb personalizados.

Al igual que otros elementos y equipos, las memorias USB personalizadas ven cómo se grava la unidad con 0,24 euros, pero cuando señalamos que son las empresas diversas las que recaudan dicho importe, el pendrive se encarece y perjudica, principalmente al cliente final. El perjuicio para el usuario es doble, ya que no solamente se ve obligado a pagar más por la memoria, sino porque en el caso de que los vendedores de estos dispositivos no cumplan la más estricta legalidad, el cliente que compra el producto puede estar cometiendo un delito fiscal tipificado.

De esta manera, ahora no es el Estado quien percibe ese impuesto, quien lo recauda, sino los productores y distribuidores, si bien hay excepciones cuando hablamos de su uso en la Administración Pública, o cuando los USB son para uso puramente profesional. Así, esta política tiene una dualidad importante, ya que si bien goza de la aprobación de autores y productores (miembros de la Sociedad General de Autores de España) porque opinan que de esta forma se protege su obra intelectual, no cuenta en absoluto con la aprobación de fabricantes y usuarios, que consideran este impuesto absolutamente injusto y discriminatorio, ya que afirman que castiga toda copia personal que no se realice de forma ilegal o para conseguir beneficios.

Un impuesto que encarece las memorias USB personalizadas

Es un hecho que el gravar estos productos hacen que sean más caros, y esto es la gota que colma el vaso, pues hace peligrar las ventas de los distribuidores de estos productos promocionales, sobre todo, cuando el precio ya ha subido varias veces con motivo de la subida de precio también de la memoria RAM que han causado la demanda de tabletas y smartphones. Así, estos pendrives que se personalizan ven peligrar su posición privilegiada en el mercado de los regalos promocionales.

Por otro lado, aquellos distribuidores que compran fuera de nuestro país no tienen que asumir el pago del canon. Ellos tendrán que recaudar la tasa y cobrarla a sus clientes, pero, si el cliente lo comprase fuera de España tendría que pagar directamente el impuesto al Gobierno para no cometer un delito.

Las empresas tecnológicas quieren que el Gobierno reconsidere el planteamiento del Canon Digital

Por todo esto, las empresas tecnológicas consideran el impuesto completamente injusto y solicitan al Gobierno socialista de Pedro Sánchez una urgente reforma del Canon Digital.

El motivo de esta petición es la afirmación de que este impuesto no es realista y no se adapta a los hábitos de consumo actuales de los usuarios, ya que es el mismo usuario final el que está asumiendo su pago, y no las empresas, que son las que debieran estar obligadas a su pago.

Tras un año de vigencia de la ley del Canon Digital en España, empresas como Apple, Samsung o incluso Huawei que fabrican los dispositivos mencionados anteriormente como smartphones o discos duros para almacenar datos y archivos, han pagado al Estado español alrededor de unos 70 millones de euros, una cantidad económica que excede siete veces la cantidad que perderían los creadores por culpa de las copias digitales que fue calculada en el año 2015 el Ministerio de Cultura (año en el que se planteó por primera vez el Canon Digital). Igualmente, esta cantidad excede en diez veces la cantidad que la consultora Mazars calculó como perjuicio para la patronal del sector tecnológico europeo.

Aunque aún no se ha llegado a un acuerdo, el Gobierno ya ha iniciado contactos con la patronal tecnológica y los agentes afectados.

Si bien los dispositivos se gravan en el momento de la compra- venta, sus detractores afirman que hablar de copias privadas es algo totalmente obsoleto, ya que cada vez son más los contenidos que se compran en Internet y menos los dispositivos para grabar o reproducir contenidos.

Igualmente, afirman que estos dispositivos son un pilar imprescindible para una mejor digitalización y que la carga impositiva a la que están sometidos los perjudica considerablemente. Es por ese motivo por lo que las empresas distribuidoras y fabricantes exigen un modelo consensuado que contente a todos los implicados, así como establecer una cantidad económica sostenible.

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